El marco legal garantiza y regula el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones aplicables al sector forestal. Esto abarcaría el ámbito de aplicación de las actividades REDD+ en términos de que las partes interesadas (incluyendo pueblos indígenas) tendrán derecho a participar en los procesos de toma de decisiones relevantes relacionados con la implementación de las actividades REDD+.

El marco legal brinda el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, incluyendo la participación de los pueblos indígenas, prevé "la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos" y requiere "convocar a consulta pública sobre temas o problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la consideración de la población". El marco legal requiere la identificación de las partes involucradas para mecanismos de participación como la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, así como en las comisiones consultivas provinciales, comarcales y distritales del ambiente.

El marco legal garantiza el acceso a la información relevante al proceso de toma de decisiones, reconoce la importancia y establece que las decisiones deben ser informadas. La ley crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y le da atribuciones para "promover la transparencia, la ética, la participación ciudadana y la publicidad de la información y garantizar el derecho de acceso a la información, así como para coordinar y facilitar a los interesados sus solicitudes de acceso a la información pública cuando una institución no les haya dado respuesta sobre la información solicitada".

Asimismo, el marco legal prevé mecanismos de rendición de cuentas para las negativas de acceso a la información y facilita el acceso a la justicia cuando la negativa de acceso a la información no se realiza conforme a la ley. El marco legal prevé procedimientos y mecanismos de participación. Además de definir mecanismos de participación ciudadana, la ley define modalidades de participación, la consulta pública, audiencia pública, foros o talleres y participación directa en instancias institucionales.

La Autoridad Nacional del Ambiente (hoy MIAMBIENTE), a través de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente (tiene representación del gobierno, sociedad civil y las comarcas) contempla la participación, de manera inclusiva y regular, mediante consulta pública sobre aquellos temas o problemas ambientales que, por su importancia, requieran ser sometidos a la consideración de la población.

Asimismo, la ley prevé la distribución de información relevante durante el proceso participativo, define plazos para la toma de decisiones y plazos para recibir insumos en la consulta pública. Además de definir el proceso de acceso a la justicia en general, el marco legal garantiza el acceso a la justicia en el contexto del proceso de toma de decisiones, establece como principios y lineamientos de la politica nacional del ambiente, promover mecanismos de solución de controversias, tales como mediación, arbitraje, conciliación y audiencias públicas.

Se proporciona también acceso a un proceso de apelación en contra de la resolución que emita la Administración Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente.

El marco legal requiere considerar la cultura y tradiciones en la toma de decisiones cuando concierne a pueblos indigenas y reconoce el derecho al Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI). Esto abarcaría el ámbito de aplicación de las actividades REDD+ en términos de que la participación de los pueblos indigenas en los procesos de toma de decisiones relevantes relacionados con la implementación de las actividades REDD+ que se ejecutarán considerando sus culturas y tradiciones.

El marco legal requiere la incorporación de la cultura, las estructuras tradicionales y comunitarias y proporcionar un espacio adecuado para que los pueblos indígenas definan sus propias reglas y mecanismos internos de toma de decisiones. Asimismo, se promueven programas para fortalecer las Ley 72 de 2008 capacidades y la participación de pueblos indígenas, "para desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales de las comunidades indígenas nacionales, así como la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos; y dar atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional".

El marco legal reconoce el derecho al CLPI respecto a la adjudicación de propiedad colectiva obligando las entidades gubernamentales y privadas para coordinarse con las autoridades tradicionales para llevar a cabo los planes, programas y proyectos que se desarrollen en sus áreas, a fin de garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.

El marco legal promueve y fomenta la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, se establece como política pública del Estado, que el principio de igualdad de oportunidades para las mujeres rija en todas las acciones, medidas y estrategias que implemente el gobierno. Aborda claramente la discriminación con base en el tema de género, instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, de la misma manera que contiene como principios la prohibición de toda discriminación basada en el sexo, igualdad ante la ley, garantía de los derechos básicos e igualdad de trato y oportunidades de desarrollo social, equidad, justicia y respeto a la vida humana.

El marco legal establece instituciones públicas que lleven a cabo la sensibilización pública en materia de igualdad de género. Se prevé que la Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia sensibilice y capacite a los funcionarios y funcionarias en la perspectiva de género, como parte del desarrollo de la política pública antidiscriminatoria de género.

El marco legal también prevé como acciones de política pública sensibilizar y capacitar a los dirigentes politicos, funcionarios que administran justicia, al profesorado, directivos, técnicos y gremios profesionales de la comunicación para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía de la mujer, la realización efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.